La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) de Colombia tiene a una nueva directora.
Se trata de la abogada Martha Lucía Zamora, quien fue nombrada en el cargo por el presidente Gustavo Petro en reemplazo de Camilo Gómez.
La funcionaria nació en Bogotá y adelantó estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Además, desarrolló un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca (España).
En su trayectoria en el sector público, Zamora trabajó en el Ministerio de Justicia entre 1989 y 1990, mientras que, en 1991, fue elegida como secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente.
También ejerció como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y, posteriormente, ingresó a la Fiscalía General de la Nación, como delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Tras salir del ente investigador, se desempeñó como delegada de la Procuraduría ante la Corte Suprema.
En el 2012, Zamora fue nombrada vicefiscal general de la Nación y luego se desempeñó como fiscal general en calidad de encargada.
Entre 2014 y 2015, se desempeñó como secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuando el presidente Petro fungía como mandatario local.
Zamora también pasó por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, posteriormente, hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
En 2018, el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la designó como secretaria ejecutiva encargada de ese organismo y directora jurídica.
En su cargo más reciente se venía desempeñando como asesora de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Ahora, asumirá como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, donde deberá asumir casos de gran calado en los que diversas empresas han demandado a la Nación.
Con corte al primer semestre, el Estado enfrentaba 317.327 procesos judiciales en contra, cuyas pretensiones ascendían a $466 billones.
En su momento, Gómez señaló que a esto se sumaban 62 procesos de arbitraje nacional por $3,1 billones y 12 internacionales por $9,8 billones.
